Reiterando su inconformidad por la pretendida construcción de un nuevo acceso vehicular, los vecinos del Country Club realizaron este domingo un nuevo plantón.

Los residentes del sector insistieron en rechazar las proyectadas obras, para cuyo inicio la Corporación Country Club realizó una inmensa tala, calificada como un ‘arboricidio’, tanto en la parte externa como en la interna.

Sostienen que, en lugar de solucionar un asunto vehicular, lo que van a generar es un verdadero caos en la movilidad, como consecuencia del nuevo acceso localizado en la calle 77 entre carreras 55 y 57B. al norte de Barranquilla.

Sostienen que las obras no fueron socializadas con la comunidad del sector, contrariando lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a sabiendas que se trata de una abierta intervención del espacio público como quiera que se contempla la pavimentación en una amplia zona verde y la construcción de un puente sobre el arroyo del Country.

En efecto, el artículo 37 de la norma establece: “Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

“La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente”.

Luego del ‘arboricidio’ causado por el Country Club, los vecinos emprendieron las acciones legales correspondiente y fue así como interpusieron acción de tutela a través de su apoderado Fernando Borda Castilla.

Como consecuencia de ello, la Juez Tercero Civil Municipal de Oralidad, Luisa Isabel Gutiérrez Corro, ordenó la suspensión inmediata de las obras y la inaplicación de los actos administrativos de la Secretaría de Planeación Distrital y de la Curaduría Urbana, que dieron lugar a ello.